Un detective privado y un juicio con cárcel para los morosos

La comunidad de propietarios del número 31 de la Avenida de Barcelona en Santiago lleva años intentando cobrar una abultada deuda. Primero fue la empresa promotora, que se quedó con varios pisos, la que no abonaba las facturas. Después la sociedad cambió de manos y los nuevos propietarios siguieron sin pagar. Los vecinos tuvieron que contratar un detective privado que descubrió que no abonaban las cuotas de la comunidad pese a que tenían las viviendas alquiladas, tanto en la modalidad tradicional como turística. Ahora los tres responsables se enfrentan a penas de entre 2 años y medio y 4 años de cárcel por tres delitos de contrato simulado en un juicio que se celebrará la próxima semana en Compostela.

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