Detectives privados para acorralar al COV-19
1500 detectives habilitados, con formación universitaria, con dedicación de servicio a la comunidad y que podrían estar haciendo precisamente lo que saben hacer: investigar y ayudar al Estado. Es urgente hacer compatibles las tareas de los distintos profesionales para aunar esfuerzos en la lucha contra el enemigo común. Los detectives lo están gritando desde sus casas, confinados, con la impotencia de quién sabe cómo ayudar y se encuentra encerrado por el desconocimiento de otros sobre su formación y habilidades. Un desconocimiento que les hace invisibles, siendo imprescindibles.
En España, aún a la espera de test, mascarillas y equipos y con miles de ciudadanos en cuarentena dentro de sus casas, se ha optado por prescribir aislamiento total a aquellas personas con síntomas leves, pero sin prueba alguna que pueda catalogarlos como “positivos”. Esto impide una importante labor de investigación que nos permitiría identificar los focos y núcleos de población más afectados por el virus y así poder adoptar las medidas de contención adecuadas de forma más precisa. Vemos las noticias sobre la pandemia que se amontonan en nuestras redes sociales y reconocemos la oleada de solidaridad de la población, de particulares y colectivos profesionales, algunos, paradojas de la vida, grandes damnificados por la gran crisis que arrastrábamos desde el 2008.
Profesionales del futuro
En nuestro pasado más reciente, ese que vivíamos hasta hace unas semanas, se decía que el 80% de las profesiones del futuro aún no existían. Quizás hoy es ya ese futuro y lo más importante sea averiguar cuál puede ser nuestra utilidad social. Partimos de un denominador común a “casi” todos: no podemos salir de casa. Ante esta nueva realidad, estamos obligados a adaptarnos con urgencia y actuar, porque hay momentos en los que todas las manos y todas las habilidades se vuelven imprescindibles. Tiempos convulsos, donde un día florece el almendro y al día siguiente el frío arrebata sus brotes dejándolo desnudo y vulnerable. Son días de justicia social, donde la gente que llamábamos “normal” se convierte en héroes y heroínas: sanitarios, profesores, trabajadores del primer sector, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de limpieza (tan fundamentales en estos momentos), trabajadores-as de mercados, supermercados, farmacias… la lista es muy larga, pero no se menciona en las noticias el de la Seguridad Privada. Un colectivo que ya estaba en primera línea de fuego salvaguardando supermercados, transporte público, hospitales, prisiones, empresas públicas y privadas. Un colectivo, regulado por la Ley de Seguridad Privada 5/2014 que incluye a Jefes y Directores de Seguridad, vigilantes de seguridad, guardas rurales y detectives.
Hay que recordar que estos valientes vigilantes de seguridad, que se encuentran sin suficientes medios de protección, son casi 85000 profesionales lo que representaría un verdadero ejército, si lo comparamos con los 1350 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o incluso el total de 2.600 efectivos que este miércoles sumará La Operación Balmis, que coordina la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha para frenar la expansión del coronavirus, según ha anunciado el Ministerio de Defensa. A la Unidad Militar de Emergencias (UME), que inició el domingo patrullas de vigilancia y desinfección, se suman el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina. Pero dentro de la Seguridad Privada se encuentra otro colectivo aún más olvidado y preparado. Se trata de los DETECTIVES PRIVADOS, con orden de no salir de casa.
En concreto, 1500 detectives habilitados, con formación universitaria, con dedicación de servicio a la comunidad y que podrían estar haciendo precisamente lo que saben hacer: investigar y ayudar al Estado a acotar, por ejemplo el entorno de los infectados por COVID-19, no sólo a través de herramientas digitales sino sobre el terreno, su hábitat natural, debidamente protegidos y sin infundir temor alguno en la ciudadanía que entendería perfectamente esta labor de emergencia. Un ejército de investigadores para cercar al virus.
Hay adaptar las profesiones, las unidades de registro y control que tiene este colectivo con el Ministerio de Interior pueden ser nexo de comunicación entre el colectivo y las necesidades de investigación. No es algo nuevo la contratación de civiles, para luchar contra el cibercrimen la policía ha tenido que reclutar hackers y/o expertos en ciberseguridad ¿cómo no va a ser posible integrar a detectives formados para realizar labores urgentes con el objetivo de derrocar a este enemigo global?
Nada volverá a ser igual después de COV-19, pero podemos ir construyendo nuestro futuro desde hoy mismo, partiendo por reconocer el talento que cada cual puede aportar a esta crisis global. Los Detectives Privados en España son personal de seguridad privada, tienen lazos con la seguridad pública sellados por Ley. Aprovechemos su valía, su formación, démosles la oportunidad de ayudar, de colaborar en esta guerra, su futuro y el nuestro, el de todos nosotros está unido.
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